Luis Mangrané y Blanca
Enfedaque
*Fuente: Observatorio aragonés
para el Sahara Occidental
En 1884 el aragonés Emilio
Bonelli desembarcó en los alrededores de Villa Cisneros suscribiendo acuerdos
con las tribus saharauis que permitieron la Declaración de Protectorado Español
del Sahara Occidental. La huella de casi un siglo de presencia colonial en esa
ciudad ha sido borrada a conciencia por Marruecos y reducida a algunas
alcantarillas de hierro fundido, cuarteles, el idioma español que los mayores
se resisten a olvidar y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Precisamente,
Mohamed Fadel Semlali, el encargado de su conservación, fue agredido por la
policía marroquí por este cometido, a pesar de ser discapacitado, y acompañó a
la delegación del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental durante su
estancia en Dajla.
El motivo de nuestra presencia
este mes de septiembre en los Territorios Ocupados fue asistir a la apelación
del juicio contra saharauis, celebrado en la ciudad de El Aaiun, un año después
de los sucesos violentos que tuvieron lugar en Dajla. Sobrecogidos, una vez
más, al escuchar a uno de los jóvenes acusados al comparecer ante el Tribunal
cuando denuncia cómo fue violado por la policía marroquí, antes de que el
Presidente le retire la palabra, estas acusaciones no extrañan a quienes
conocen el aparato represor marroquí: el relator contra la Tortura de la ONU
informó recientemente de los malos tratos en cárceles y detenciones y que las
confesiones arrancadas bajo tortura tienen ante el juez más validez que los
testimonios ante el tribunal.
En El Aaiun conocemos a la
familia de Mohamed Dihani, encarcelado en la prisión de Sale-2, previa
desaparición forzada en el centro de detención secreto de Temara, donde fue
sometido a todo tipo de torturas. El caso de este saharaui es un ejemplo más de
que Marruecos está muy lejos de ser la excepción democrática dentro de los
países inmersos en la “primavera árabe”.
Mientras tanto, este verano se
produjo la vergonzante repatriación de los cooperantes españoles de los
campamentos saharauis en Tinduf, lo que ha vuelto a focalizar la atención en
los refugiados. Una decisión injustificada y que sólo afectó a los españoles
acreditados como cooperantes. Los españoles saharauis (los de tez oscura) no se
vieron afectados por esa decisión, lo que demuestra el desinterés de las
autoridades españolas por el pueblo saharaui, llegando incluso a la
discriminación racial.
Los obstáculos a la
cooperación no sólo son de tipo económico. El Ministro Margallo vuelve a
insistir en obstaculizar la presencia de cooperantes españoles, cuando el resto
de países con nacionales en la zona y agencias internacionales no lo hacen. En
vez de practicar una solidaridad real con el pueblo saharaui y cumplir con las
obligaciones internacionales, nuestros gobernantes siguen escribiendo páginas
negras en la historia del Sáhara Occidental. Dejando atrás muchas cicatrices
sin cerrar, su compromiso con los derechos humanos se limita a declaraciones vacías.
La divisa de nuestra política se basa en complacer al sultán de Marruecos y
perseguir intereses comerciales. Emilio Bonelli, estará revolviéndose en su
tumba.
