sábado, 19 de abril de 2014

Marruecos expulsa del Sáhara Occidental a veintiocho observadores en ocho días



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ESPIA DIGITAL. MIRADA CRITICA 18 DE ABRIL DE 2014
Veintiocho integrantes de organizaciones españolas de Derechos Humanos fueron expulsados en ocho días del Sáhara Occidental por las autoridades marroquíes, para impedir que vean la represión que se ejerce contra la población saharaui, especialmente en este mes de abril en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe decidir la prórroga del mandato de su misión en la excolonia española y si la amplia a la vigilancia de los DDHH.
Precisamente la petición de que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) contemple entre sus cometidos los Derechos Humanos es uno de los objetivos de las continuas manifestaciones que se desarrollan en las ciudades saharauis y que son reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad marroquíes. La MINURSO es la única misión de la ONU que no tiene competencias en materia de DDHH
El jueves 17 de abril, en Smara manifestantes saharauis fueron disueltos y perseguidos por las calles y en sus propios domicilios. Según el Comité de Derechos Humanos de Apoyo al Pueblo del Sahara Occidental (CODAPSO) hubo decenas de heridos a consecuencia de la actuación de la policía, que utilizó  piedras, porras y objetos punzantes.
Dos días antes, el martes 15, cientos de manifestantes llegaron sobre las 19 horas al barrio de Maatallah, en El Aaiún, convocados por la Coordinadora de Asociaciones Saharauis de Derechos Humanos. Allí, y según un corresponsal de Equipo Mediático,  las fuerzas policiales utilizaron porras, palos y piedras contra los manifestantes, a los que causaron graves heridas, como fue el caso de Sukiena Kuara, golpeada en la cabeza  y que permaneció largo tiempo tendida en la calle , o el de Brahim Hammadi Khabayd, también herido en la cabeza.
Estas violentas actuaciones policiales contra los manifestantes saharauis que piden la protección de la ONU se suman a otras como las registradas el 12 de abril en Dajla o el 7 en Smara, con varios heridos graves y viviendas de saharauis destrozadas.
En este contexto se han producido las expulsiones de 28 componentes de organizaciones no gubernamentales españolas, varios de los cuales viajaron para participar en el Aaiún en la III Conferencia Internacional de Apoyo a la Resistencia de las Mujeres Saharauis en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
Expulsados por “estar del otro lado”
El último caso fue el viernes 18. Una delegación de 12 personas de la  Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) no pudo desembarcar del avión en el que acababa de llegar a El Aaiún por “estar del otro lado”, según la explicación que dio un policía marroquí.
ACAPS condenó la expulsión y exigió al gobierno español y canario protección a los ciudadanos y ciudadanas españolas y canarias que viajan de forma legal al Sáhara Occidental, “así como explicaciones de cuantas acciones se estén llevando a cabo para impedir que unas fuerzas de ocupación, a las que ninguna institución internacional da legitimidad, puedan obligar a abandonar el territorio”.
En la línea de impedir la presencia de observadores en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, el día 15,  horas antes de una manifestación en El Aaiún, las autoridades marroquíes denegaron la entrada  a siete mujeres miembros de organizaciones políticas y sociales que apoyan la causa saharaui.
A las 13:30 hora española llegaron a El Aaiún Mónica Alonso (Fundación Mundubat), Onintza Enbeitia (EHBildu) y Diana Fernández (Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y RAAMS), para reunirse con las organizaciones de mujeres saharauis. Las tres mujeres fueron retenidas por la fuerza y obligadas a volver a Las Palmas de Gran Canaria, sin  recibir explicación alguna.
Otras cuatro mujeres que iban a participar en el congreso internacional de solidaridad con las mujeres saharauis, tampoco pudieron entrar en El Aaiún. La abogada Itziar Fernández Mendizábal, de la ONG vasca Mujeres Unidas por el Desarrollo, y Elvira González, de Red Mamsa, fueron devueltas a Casablanca, de donde procedían. También se impidió la visita de Laura Armas Matos y María José Piqueras, de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Abandonados en Marruecos
Más dramático fue el caso de los jóvenes aragoneses Diego Marín, Raúl Ramón, Laura Soteras e Irene Bailo, miembros de las Brigadas de Solidaridad (BS) Aragón-Sahara,  que el lunes 14 fueron obligados a bajar del autobús en el que se dirigían a El Aaiún y enviados en un taxi a Marruecos.
Este es el relato de Irene Bailo: "Nos retuvieron tres horas, hasta que el autobús se fue, y luego siguieron haciéndonos preguntas. Nos hicieron dejar los teléfonos en una caseta y nos dijeron que no iban a dejarnos entrar y que teníamos que regresar. Les pedimos que nos dejaran dormir al menos una noche en un hotel y que nos dejaran contactar con la embajada, pero se negaron. Se pusieron violentos. Nos metieron por la fuerza en un taxi cuyo chófer, tras siete horas a toda velocidad, nos dejó frente a la comisaría de una ciudad situada a media hora de Agadir, que no conocíamos. Tuvimos una sensación de secuestro, no sabíamos qué iba a pasar".
Los jóvenes aragoneses, después de dos días sin casi comer ni beber, ya en  Agadir, fueron acogidos  por estudiantes marroquíes. No descartan volver a intentar llegar a El Aaiún. "No quieren que veamos lo que pasa en el Sáhara para evitar que lo contemos", indicó Bailo.
La primera de esta lista de  expulsiones ocurrió el viernes 11 y fue la de la delegación de la Federación Española de DDHH, organismo con estatuto consultivo en el ECOSOC (Consejo Económico y Social) de Naciones Unidas, integrada por Nuria Díaz (CEAR), Sarai Martín (Mundubat), José Taboada y Santiago Jiménez (CEAS-Sáhara)  y Carmelo Faleh (AEDIDH).
Quienes sí pudo entrar en El Aaiún, pero vio obstaculizado su trabajo por la policía, fue la delegación catalana compuesta por las diputadas Marta Vilalta (ERC) y Hortènsia Grau (ICV-EUiA), los concejales Jordi Escoda (CUP), de Valls;  Josep Casafont (CUP), de Navàs, e Isidre Pineda (ERC), de Caldes de Montbui,  y los responsables de ACAPS (Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui) Núria Salamé y Miquel Cartró.
El día 15  y para que no vieran lo que pasaba en las calles de El Aaiún, fueron retenidos en una casa particular, donde entraron bajo amenazas y a empujones.  Los integrantes de la delegación subieron a la azotea de la casa para intentar observar la manifestación, pero se vieron sorprendidos por el lanzamiento de piedras por, supuestamente, policías marroquíes de paisano. Posteriormente fueron al   hotel vigilados por la policía marroquí, sin que se les permitiese salir.
La delegación catalana denunció que las autoridades marroquíes les impidió realizar “la tarea de observación” que motivo su viaje al Sáhara Occidental, a la vez que constató y acreditó “la vulneración de los derechos de manifestación y de expresión” por partede las fuerzas de seguridad marroquíes, “que actuaron violentamente contra centenares de manifestantes”.
Precisamente el mismo día 15, el Intergrupo Parlamentario 'Paz co Sáhara' de la Cámara gallega presentó en Santiago de Compostela un informe de su visita al Sáhara Occidental, realizada entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, en el que destaca una "sistemática violación de los derechos humanos" sobre los  saharauis para "hacer callar a los movimientos de resistencia" hacia Marruecos.
Participaron en el viaje Gonzalo Trenor (PP), Carmen Gallego (PSOE), Xavier Ron (AGE) y Montse Prado (BNG), quienes denunciaron la constante vigilancia a la que fueron sometidos, con filmaciones y fotografías.
Los parlamentarios gallegos  reseñaron las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y la represión de las manifestaciones pacíficas, con lo que se da una intimidación permanente, así como que a los jóvenes que denuncian la represión se les somete a detención y tortura.
Igualmente, y tras un viaje en marzo a la excolonia española, Carmelo Ramírez Marrero, consejero del Cabildo  de Gran Canaria y Juan Antonio de la Hoz González, consejero del Cabildo de Lanzarote,  denunciaron graves violaciones de los Derechos Humanos, el expolio de los recursos naturales y la destrucción del  patrimonio histórico saharaui.

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