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ESPIA DIGITAL. MIRADA CRITICA 18 DE ABRIL
DE 2014
Veintiocho integrantes de organizaciones
españolas de Derechos Humanos fueron expulsados en ocho días del Sáhara
Occidental por las autoridades marroquíes, para impedir que vean la represión
que se ejerce contra la población saharaui, especialmente en este mes de abril
en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe decidir la prórroga
del mandato de su misión en la excolonia española y si la amplia a la
vigilancia de los DDHH.
Precisamente la petición de que la Misión
de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) contemple
entre sus cometidos los Derechos Humanos es uno de los objetivos de las
continuas manifestaciones que se desarrollan en las ciudades saharauis y que
son reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad marroquíes. La
MINURSO es la única misión de la ONU que no tiene competencias en materia de
DDHH
El jueves 17 de abril, en Smara
manifestantes saharauis fueron disueltos y perseguidos por las calles y en sus
propios domicilios. Según el Comité de Derechos Humanos de Apoyo al Pueblo del
Sahara Occidental (CODAPSO) hubo decenas de heridos a consecuencia de la
actuación de la policía, que utilizó
piedras, porras y objetos punzantes.
Dos días antes, el martes 15, cientos de
manifestantes llegaron sobre las 19 horas al barrio de Maatallah, en El Aaiún, convocados
por la Coordinadora de Asociaciones Saharauis de Derechos Humanos. Allí, y
según un corresponsal de Equipo Mediático,
las fuerzas policiales utilizaron porras, palos y piedras contra los
manifestantes, a los que causaron graves heridas, como fue el caso de Sukiena
Kuara, golpeada en la cabeza y que
permaneció largo tiempo tendida en la calle , o el de Brahim Hammadi Khabayd, también
herido en la cabeza.
Estas violentas actuaciones policiales contra
los manifestantes saharauis que piden la protección de la ONU se suman a otras
como las registradas el 12 de abril en Dajla o el 7 en Smara, con varios
heridos graves y viviendas de saharauis destrozadas.
En este contexto se han producido las
expulsiones de 28 componentes de organizaciones no gubernamentales españolas, varios
de los cuales viajaron para participar en el Aaiún en la III Conferencia
Internacional de Apoyo a la Resistencia de las Mujeres Saharauis en los
Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
Expulsados por “estar del otro lado”
El último caso fue el viernes 18. Una
delegación de 12 personas de la
Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) no pudo
desembarcar del avión en el que acababa de llegar a El Aaiún por “estar del
otro lado”, según la explicación que dio un policía marroquí.
ACAPS condenó la expulsión y exigió al
gobierno español y canario protección a los ciudadanos y ciudadanas españolas y
canarias que viajan de forma legal al Sáhara Occidental, “así como explicaciones
de cuantas acciones se estén llevando a cabo para impedir que unas fuerzas de
ocupación, a las que ninguna institución internacional da legitimidad, puedan
obligar a abandonar el territorio”.
En la línea de impedir la presencia de
observadores en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, el día 15, horas antes de una manifestación en El Aaiún,
las autoridades marroquíes denegaron la entrada
a siete mujeres miembros de organizaciones políticas y sociales que
apoyan la causa saharaui.
A las 13:30 hora española llegaron a El
Aaiún Mónica Alonso (Fundación Mundubat), Onintza Enbeitia (EHBildu) y Diana
Fernández (Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y RAAMS), para
reunirse con las organizaciones de mujeres saharauis. Las tres mujeres fueron
retenidas por la fuerza y obligadas a volver a Las Palmas de Gran Canaria, sin recibir explicación alguna.
Otras cuatro mujeres que iban a participar
en el congreso internacional de solidaridad con las mujeres saharauis, tampoco
pudieron entrar en El Aaiún. La abogada Itziar Fernández Mendizábal, de la ONG
vasca Mujeres Unidas por el Desarrollo, y Elvira González, de Red Mamsa, fueron
devueltas a Casablanca, de donde procedían. También se impidió la visita de
Laura Armas Matos y María José Piqueras, de la Asociación Canaria de
Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Abandonados en Marruecos
Más dramático fue el caso de los jóvenes
aragoneses Diego Marín, Raúl Ramón, Laura Soteras e Irene Bailo, miembros de
las Brigadas de Solidaridad (BS) Aragón-Sahara,
que el lunes 14 fueron obligados a bajar del autobús en el que se
dirigían a El Aaiún y enviados en un taxi a Marruecos.
Este es el relato de Irene Bailo: "Nos
retuvieron tres horas, hasta que el autobús se fue, y luego siguieron
haciéndonos preguntas. Nos hicieron dejar los teléfonos en una caseta y nos
dijeron que no iban a dejarnos entrar y que teníamos que regresar. Les pedimos
que nos dejaran dormir al menos una noche en un hotel y que nos dejaran
contactar con la embajada, pero se negaron. Se pusieron violentos. Nos metieron
por la fuerza en un taxi cuyo chófer, tras siete horas a toda velocidad, nos
dejó frente a la comisaría de una ciudad situada a media hora de Agadir, que no
conocíamos. Tuvimos una sensación de secuestro, no sabíamos qué iba a pasar".
Los jóvenes aragoneses, después de dos días
sin casi comer ni beber, ya en Agadir, fueron
acogidos por estudiantes marroquíes. No
descartan volver a intentar llegar a El Aaiún. "No quieren que veamos lo
que pasa en el Sáhara para evitar que lo contemos", indicó Bailo.
La primera de esta lista de expulsiones ocurrió el viernes 11 y fue la de
la delegación de la Federación Española de DDHH, organismo con estatuto
consultivo en el ECOSOC (Consejo Económico y Social) de Naciones Unidas, integrada
por Nuria Díaz (CEAR), Sarai Martín (Mundubat), José Taboada y Santiago Jiménez
(CEAS-Sáhara) y Carmelo Faleh (AEDIDH).
Quienes sí pudo entrar en El Aaiún, pero
vio obstaculizado su trabajo por la policía, fue la delegación catalana
compuesta por las diputadas Marta Vilalta (ERC) y Hortènsia Grau (ICV-EUiA), los
concejales Jordi Escoda (CUP), de Valls;
Josep Casafont (CUP), de Navàs, e Isidre Pineda (ERC), de Caldes de
Montbui, y los responsables de ACAPS (Asociación
Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui) Núria Salamé y Miquel Cartró.
El día 15
y para que no vieran lo que pasaba en las calles de El Aaiún, fueron
retenidos en una casa particular, donde entraron bajo amenazas y a empujones. Los integrantes de la delegación subieron a
la azotea de la casa para intentar observar la manifestación, pero se vieron
sorprendidos por el lanzamiento de piedras por, supuestamente, policías
marroquíes de paisano. Posteriormente fueron al hotel vigilados por la policía marroquí, sin
que se les permitiese salir.
La delegación catalana denunció que las
autoridades marroquíes les impidió realizar “la tarea de observación” que
motivo su viaje al Sáhara Occidental, a la vez que constató y acreditó “la
vulneración de los derechos de manifestación y de expresión” por partede las
fuerzas de seguridad marroquíes, “que actuaron violentamente contra centenares
de manifestantes”.
Precisamente el mismo día 15, el Intergrupo
Parlamentario 'Paz co Sáhara' de la Cámara gallega presentó en Santiago de
Compostela un informe de su visita al Sáhara Occidental, realizada entre el 27
de febrero y el 3 de marzo, en el que destaca una "sistemática violación
de los derechos humanos" sobre los
saharauis para "hacer callar a los movimientos de resistencia"
hacia Marruecos.
Participaron en el viaje Gonzalo Trenor (PP),
Carmen Gallego (PSOE), Xavier Ron (AGE) y Montse Prado (BNG), quienes
denunciaron la constante vigilancia a la que fueron sometidos, con filmaciones
y fotografías.
Los parlamentarios gallegos reseñaron las sistemáticas violaciones de los
Derechos Humanos y la represión de las manifestaciones pacíficas, con lo que se
da una intimidación permanente, así como que a los jóvenes que denuncian la
represión se les somete a detención y tortura.
Igualmente, y tras un viaje en marzo a la
excolonia española, Carmelo Ramírez Marrero, consejero del Cabildo de Gran Canaria y Juan Antonio de la Hoz
González, consejero del Cabildo de Lanzarote,
denunciaron graves violaciones de los Derechos Humanos, el expolio de
los recursos naturales y la destrucción del
patrimonio histórico saharaui.
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