Espía Digital. Por Alfonso Lafarga. 14 DE
AGOSTO DE 2014
Si en abril de este año el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) obligó a España a mantener en el territorio nacional
a 30 saharauis a los que rechazó conceder asilo y que habían llegado a la isla
de Fuerteventura tras huir del campamento de Gdeim Izik, desmantelado por la
policía marroquí en El Aaiún, en julio la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional decidió seguir investigando el asesinato del saharaui de nacionalidad
española Baby Hamday Buyema, ocurrido en la misma fecha en la que fue arrasado
el campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010.
También en julio la Audiencia Nacional
dictó dos sentencias que obligan al Ministerio del Interior a reconocer la condición
de apátridas a dos saharauis a los que se les había negado. Interior argumentó
que carecían de un certificado de la misión de la ONU en el Sáhara (MINURSO)
que demostrase que procedían de allí, lo que sí tenía uno de ellos. El
Ministerio del Interior recibió un varapalo por poner tal documento como
condición indispensable para reconocer la condición de apátrida a los dos
saharauis, cuando si tenían otro tipo de escritos oficiales expedidos por las
autoridades del Sáhara que probaban su procedencia.
Y fue en julio cuando el rey de España,
Felipe VI, realizó una visita a Marruecos, justo dos días después de la muerte por disparos del ejército
marroquí del saharaui Brahim Budda Ould Taher, ocurrida en la ciudad de Um Draiga,
cerca del muro que divide en dos el Sáhara Occidental. Pero durante los dos
días que duró el viaje no hubo referencia alguna a la situación de los Derechos
Humanos en la excolonia española, tal y como pidieron a Felipe VI varias organizaciones de DDHH y asociaciones de
amistad con el pueblo saharaui.
Pero al ser despedido en el aeropuerto de
Rabat por Mohamed VI, entre las autoridades marroquíes que saludaron al rey de
España se encontraba Hosni Benslimane, general de Cuerpo de Ejército Comandante
de la Gendarmería Real marroquí, investigado en España por la Audiencia
Nacional, junto con otros mandos militares marroquíes, por el secuestro,
tortura y asesinato de casi 600 saharauis cometidos desde que Marruecos invadió
el Sáhara Occidental a finales de 1975.
Este no es el único caso que tiene
pendiente el general marroquí con la justicia de otros países. Sobre él pesa
una orden de detención internacional francesa de 2007 por la desaparición y
muerte en París, en octubre de 1965, de Mehdi Ben Barka, opositor a Hasán II.
Relación de acontecimientos saharauis, julio 2014; leer aquí.
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