Los tribunales de justicia marroquíes
condenan a los activistas saharauis, ya sean defensores de los Derechos
Humanos o los que luchan por la
independencia del Sáhara Occidental, con confesiones que han podido ser
obtenidas bajo tortura. Esto lo afirma
Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones internacionales
independientes que se dedican a la defensa y
protección de los Derechos Humanos, con sede central en Nueva York y
oficinas en diecisiete ciudades del mundo.
HRW se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno marroquí, Abdelilah
Benkirán, al que ha pedido la revisión
de las condenas a activistas saharauis si afirman que su confesión ha sido
obtenida bajo tortura. Abdelilah Benkiran, secretario general del Partido de la
Justicia y el Desarrollo (PJD), fue nombrado jefe del Gobierno de Marruecos el
29 de noviembre de 2011 por el rey Mohammed VI.
La organización de DDHH dice en su carta
que no se deben desoír las denuncias de los activistas saharauis sobre torturas
padecidas en las dependencias de la policía, con las que se obtienen sus
declaraciones.
HRW cita el caso de los 21 saharauis condenados por los hechos que se
produjeron en el desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes
del campamento saharaui de Gdeim Izik,
en noviembre de 2010 (campamento de la
dignidad), instalado a las afueras de El
Aaiún para reclamar al gobierno de Mohamed VI mejores condiciones de vida y
denunciar la violación de sus derechos.
En febrero de 2013 fueron condenados a
fuertes penas por un tribunal militar,
entre ellas ocho cadenas perpetuas y otras de 30 y 25 años. Los observadores internacionales
denunciaron la escasa solidez de las
pruebas y señalaron que fue un juicio político contra la resistencia saharaui.
Según Human Rights Watch las condenas
se basaron en confesiones a la Policía,
y no se llegaron a investigar las denuncias que presentaron por tortura.
Otro caso es el de Abdeslam Loumadi, detenido el 21 de enero de
2014 en la casa de su familia, en la Avenida de 25 de Marzo de El Aaiún, en el
que se repitió la forma de actuar, condenar a los enjuiciados con declaraciones
conseguidas bajo torturas o maltratos.
Días después de su detención, y ya en la
cárcel negra de El Aaiún, Loumadi se
declaró en huelga de hambre para protestar por la ausencia de investigación del
Procurador General por la tortura que padeció en el centro de policía. Según
HRW, un tribunal rechazo investigar la denuncia y la condena se basó en una
declaración que aporto la policía y que el aseguró no firmó. En julio el
Tribunal de Apelación de El Aaiún confirmó la sentencia de 10 meses de
cárcel, después de ser aplazado el
juicio en varias ocasiones. Fue condenado por
"reunión armada" y agresión a los agentes de la autoridad.
Recientemente Abdeslam Loumadi fue
interrogado por la policía marroquí en la cárcel negra de El Aaiún al ser
acusado por las autoridades penitenciarias de agredir verbalmente a los
encargados de la prisión. La Liga de Protección de los Presos Políticos Saharauis
señaló que el verdadero motivo fue la intención del activista de presentarse
ante el tribunal marroquí con la vestimenta tradicional saharaui.
HRW pide al primer ministro marroquí que se
aparquen las dos condenas o que se realicen nuevos juicios civiles, además de
investigar las denuncias por
tortura o falsificación de declaraciones.
En mayo de este año otra organización,
Amnistía Internacional, también denuncio
la práctica de tortura y malos tratos, tanto en Marruecos como en el
Sáhara Occidental, “infligidos sobre
todo en prisión preventiva y durante el interrogatorio que se realiza tras la
detención por la policía o la gendarmería”.
El
gobierno marroquí dijo que el informe de carecía de credibilidad y
objetividad y señaló su determinación para seguir con sus reformas, incluida la
de la justicia, para fortalecer “los mecanismos nacionales de protección de los
derechos humanos en general y la prevención de la tortura en particular”.
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