martes, 2 de septiembre de 2014

Sáhara: Varapalo de Cospedal a la alcaldesa de Zamora

Entre los españoles que intentan viajar al Sáhara Occidental para pedir que Marruecos respete los derechos humanos y apoyar a los saharauis independentistas hay sindicalistas, miembros de la sociedad civil, militantes y cargos de Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, Esquerra Republicana de Catalunya, Coalició Compromis, Partido Nacionalista Vasco, Bildu etcétera y algún que otro socialista.
Rara vez un miembro del Partido Popular se ha apuntado a estas comitivas y menos desde que gobierna Mariano Rajoy España. Rosa Valdeón, de 53 años, alcaldesa de Zamora y vicesecretaria regional del PP, sí lo hizo el pasado fin de semana junto con otras tres mujeres castellanoleonesas. La policía marroquí no las dejó bajar del avión.
Esta "expulsión preventiva" constituye, según la alcaldesa, un "ataque a los derechos civiles". "Solo puede explicarse pensando que los marroquíes no quieren testigos incómodos del trato que recibe el pueblo saharaui en los territorios ocupados", declaró la alcaldesa a su regreso a España.
El Gobierno del PP guardó silencio sobre la cuádruple expulsión de esa antigua colonia española como lo hizo en su día el del PSOE cuando la policía marroquí impedía a las delegaciones desembarcar en El Aaiún. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, sí se pronunció, el lunes 1 de septiembre, pero fue para desautorizar a la alcaldesa en una entrevista en Antena 3 TV.
Rosa Valdeón, dijo Cospedal, tiene la obligación de mantener una "actitud de prudencia" dando a entender que no lo había sido. Debe actuar así teniendo en cuenta la relación "especial" que España mantiene con Marruecos "como vecino privilegiado", añadió. Concluyó afirmando que era necesario contrastar las versiones de ambas partes, la marroquí y la alcaldesa, sobre la expulsión. Puso así en duda la proporcionada por su correligionaria política.
Podía haber dicho Cospedal que le hubiese gustado que las autoridades marroquíes se comportasen con la alcaldesa como lo hicieron, en septiembre de 2013, con una delegación de cuatro parlamentarios españoles (IU, PNV, Amaiur y Compromís) a la que, sorprendentemente, sí dejaron entrar y mantener in situ cuantas entrevistas quisieron. Nadie en Rabat se hubiese molestado ante tal comentario.
Podría haber dicho Cospedal que la expulsión no estaba justificada porque, a ojos de Naciones Unidas, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización cuya potencia administradora es España aunque no pueda ejercer esa función. Lo sostiene, por ejemplo, la Asamblea General y un informe elaborado en 2002 por Hans Corell, entonces secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU. El comentario de Cospedal sí hubiese disgustado en Rabat, pero sería conforme al derecho.
Acatando sin rechistar la expulsión, Cospedal y el Gobierno español hacen, en el fondo, un flaco favor a Marruecos. Rabat deja caer con frecuencia que un Sáhara independiente desestabilizaría no solo Marruecos sino a todo el noroeste de África que ya pasa por graves turbulencias. Argumenta que la solución al conflicto es su oferta de autonomía para el territorio que ya formuló en 2007 y que las potencias occidentales ven con buenos ojos, pero que el Frente Polisario rechaza.
Pero para que esa propuesta sea creíble es necesario que las autoridades marroquíes dejen de apalear a los saharauis independentistas cada vez que se echan a la calle y que la prensa y las delegaciones, como la que encabezaba Rosa Valdeón, puedan entrar y moverse libremente por el territorio.

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