Rafael Catalá, el nuevo ministro de
Justicia, lo reconoció en público a principios de mes. Para algunos colectivos
la obtención de la nacionalidad española es un "laberinto imposible".
Aludía a los saharauis que residen en España a los que el predecesor de Catalá,
Alberto Ruiz-Gallardón, colocó en un callejón casi sin salida.
El "laberinto imposible" surgió
hace aproximadamente un año cuando la dirección general de Registros y Notarías
del Ministerio de Justicia dejó de dar validez a los documentos expedidos por
la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no
reconoce. Tampoco España reconoce a Kosovo, pero su documentación sí se acepta.
"Se ha producido un cambio de
doctrina" se lamenta Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación
Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE). "Afecta sobre todo a
aquellos jóvenes saharauis que llegaron a España con el programa de Vacaciones
en Paz, se quedaron con sus familias de acogida y llevan más de diez años
residiendo aquí", añade. "Están integrados, tienen arraigo, pero
ahora se les deniega la nacionalidad".
A
aquellos que quieran ser españoles solo les queda entonces una vía tortuosa:
hacerse primero apátridas. Presentan la solicitud en la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Jefatura Superior de Policía, señala
Talebbuia. "A partir de ahí deben esperar al menos un par de años",
señala. "Cuando tengan documentos como apátridas podrán solicitar la
nacionalidad española", que tardarán otros dos años más en conseguir.
"Es un camino interminable", se queja.
Para Talebbuia la solución consistiría en
modificar el artículo 22 del Código Civil para que, como sucede con los
portugueses, filipinos, ecuatoguineanos o sefardíes, a los saharauis les basten
dos años de residencia para poder solicitar la nacionalidad. El Sáhara
Occidental ha sido colonia española hasta 1975 como lo fueron en su día
Filipinas o Guinea Ecuatorial. La Administración española debería además
aceptar de nuevo la documentación expedida por la RASD.
Dos grupos parlamentarios, Izquierda Plural
y Esquerra Republicana de Catalunya, aprovecharon la introducción en el
Congreso de los Diputados, el mes pasado, del proyecto de ley que facilita la
obtención de la nacionalidad española a los judíos sefardíes, para presentar
sendas enmiendas que beneficiaban a los saharauis. Las retiraron antes de que
se iniciara la tramitación parlamentaria.
Rafael Catalá ha aparentado ser sensible a
esta reivindicación. La ley que se está tramitando no va a resolver el problema
de los saharauis que aspiran a ser españoles, según el ministro. Éste se comprometió,
no obstante, el 2 de diciembre, a encontrar un "cauce" para la
tramitación de la nacionalidad por personas en las que concurran las
características de cercanía y arraigo como "los saharauis".
Algunos jóvenes saharauis se han ilusionado
con estas palabras, pero no así el letrado Talebbuia. "Es una promesa más
que, probablemente, no se cumplirá como otras anteriores", asevera.
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