sábado, 11 de abril de 2015

Ruz pide a Justicia que envíe a Marruecos procesamiento por genocidio Sahara

Madrid, 10 abr (EFE).- El juez Pablo Ruz ha remitido hoy al Ministerio de Justicia una comisión rogatoria destinada a Marruecos para que sus autoridades comuniquen su procesamiento a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio perpetrados en el Sahara Occidental entre 1975 y 1992.
Según han informado hoy fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional ha cursado hoy también, vía Interpol, las órdenes de detención a efectos de extradición acordadas para siete de estos once procesados -Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi- "al no constar el paradero de los mismos".
En la comisión rogatoria remitida al Ministerio de Justicia para que este a su vez la haga llegar a las autoridades marroquíes, Ruz pide también a Marruecos que facilite datos de filiación de los procesados.
Fundamentalmente del coronel Lamarti, Muley Ahmed, Bel Laarabi y Loudghiri, sobre los que el juez señalaba ayer en su auto que pediría a Marruecos que recabe y aporte los datos que faciliten su correcta "identificación y filiación".
Asimismo, el juez en esta misma comisión rogatoria pide también a las autoridades marroquíes que notifiquen a los cuatro últimos querellados que se les notifique el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, del 22 diciembre, por si se quieren personar.
Esta sería la cuarta comisión rogatoria remitida a Marruecos en relación con esta causa, y de las tres comisiones rogatorias cursadas desde que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite esta querella interpuesta en 2006 ninguna ha recibido respuesta, según las citadas fuentes.
Los once procesados son: el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamarti y el exgobernador de la Administración Territorial del Sahara Abdelhafid Ben Hachem.
También están el excoronel Abdelhak Lemdaour; los exgobernadores del campo de refugiados de Smara Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
Por el contrario, respecto a ocho querellados -Housni Benslimane, Najib Ben Hima, Moustafa Hamdoui, Amini, Ayachi, Abdelaziz Allabouch, Sanhaji Hamid y Lehsan Chaf Yeudan- el juez acordó no decretar por el momento su procesamiento ante la falta de pruebas, sin perjuicio de que posteriormente se pudiera ampliar también a ello el procesamiento "si aparecieran nuevas pruebas".
El juez decretó estos procesamientos, a instancias de la Fiscalía, basándose en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten "corroborar la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".
Entre esas pruebas, Ruz destacaba "el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas", a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares.
Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos denunciaron el 14 de septiembre de 2006 a 31 altos cargos, militares y policías marroquíes por la desaparición de 542 saharauis desde que España se retiró del territorio en 1975, y que fueron ampliando con nuevos querellados.

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