Mohamed Hassad es el máximo responsable de
la policía, objeto de críticas internacionales por el trato a inmigrantes o
disidentes políticos
El Gobierno premia la colaboración marroquí
a la vez que se desentiende de los abusos que Marruecos comete para cumplir con
su parte
Mientras el BOE publicaba la condecoración
de Hassad, la policía marroquí impedía el paso de cientos de refugiados sirios
a Melilla
El Gobierno de Mariano Rajoy ha premiado al
ministro del Interior marroquí, Mohamed Hassad, el máximo responsable de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del reino alauí. La gendarmería marroquí recibe
críticas constantes de diversos organismos internacionales por ejercer la
violencia fundamentalmente contra presos o disidentes políticos, así como
inmigrantes que intentan acercarse precisamente a la frontera española.
España ha premiado a Hassad pero el
Gobierno no explica por qué. Una escueta nota en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado la concesión con la firma del rey Felipe de Borbón el sábado
5 de septiembre, un día después de que el Consejo de Ministros diera el visto
bueno a la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel García
Margallo.
Exteriores no ha respondido a las preguntas
de eldiario.es sobre los motivos por los que se ha decidido homenajear a
Hassad. Su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, dejó claro en mayo de este
año que Hassad es un "socio" con el que mantiene contactos continuos
para colaborar en asuntos como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico,
la inmigración irregular o la formación policial.
La
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil es una condecoración simbólica
que se entrega, en el caso de los extranjeros, a aquellas personas que
"hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración
en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación".
Las relaciones entre España y Marruecos son
complejas. Por un lado, las necesidades comerciales y la colaboración en
seguridad obligan a los gobiernos españoles a mantener buenas relaciones
diplomáticas que, por otro lado, tienen difícil encaje por las vulneraciones de
derechos humanos que comete el reino alauí, como la restricción de la libertad
de expresión o de reunión.
Precisamente son las fuerzas y cuerpos de
seguridad que dirige Hassad las que reciben constantes críticas por parte de
las ONG por ejercer la tortura contra presos o el empleo de la violencia contra
las personas migrantes que intentan llegar a Melilla o que son devueltas por
los agentes españoles en la frontera.
"Las fuerzas auxiliares siguen
empleando la fuerza en la frontera con Melilla una vez que los inmigrantes son
expulsados por las fuerzas de seguridad españolas", denunció Human Rights Watch en su informe
presentado en Rabat en enero de este mismo año.
CEAR habla en términos similares sobre las
personas subsaharianas "que son objeto de persecución y acoso por parte de
las autoridades marroquíes" y asegura que "esta persecución también
se haya hecho extensible a miembros de organizaciones de apoyo al colectivo
migrante en Marruecos".
Mientras el BOE aprobaba esta
condecoración, las fuerzas marroquíes están impidiendo a los refugiados
solicitar asilo en la frontera española, tal y como relata eldiario.es. Los
gendarmes actúan como línea de contención de la frontera española en Melilla y
bloquea la entrada de cientos de sirios en plena crisis. El Gobierno español se
lava las manos ante esta situación: "Es la frontera marroquí, preferimos
no meternos", expresaron desde la Delegación del Gobierno en Melilla.
La violencia de la policía marroquí es
habitual. Periodistas y ONG han documentado años de violencia durante el
desalojo del monte Gurugú y de los campamentos aledaños a las ciudades de
Nador, Solouane y Zegangan, zonas próximas a la frontera con Melilla donde
acampan migrantes en tránsito. La gendarmería marroquí actúa como barrera
frente a las personas que intentan cruzar a Ceuta y Melilla.
El Consejo de Europa -un organismo en el
que tiene representación los 47 estados del continente- también ha reprochado
al reino alauí su brutalidad. En un informe emitido tras la visita de una
delegación a Melilla en julio de 2014, el ente internacional exigió a España
que tomara las "medidas necesarias para garantizar que los funcionarios de
las MAF (Fuerzas Auxiliares Marroquíes) no entren en territorio español" y
que no entregara a esos agente a personas extranjeras "a la luz del riesgo
de malos tratos".
El comisario Europeo de Derechos Humanos,
Nilh Muizkens, se comprometió a pedir a la UE "que intervenga para que
Marruecos permita a los subsaharianos pedir asilo en los puestos fronterizos de
Ceuta y Melilla".
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