viernes, 6 de marzo de 2015

La Western Sahara Campaign interpone un recurso de casación contra el gobierno británico y el diario The Guardian le dedica un artículo

* Fuente: Representation of Frente POLISARIO (Western Sahara) to the UK; 7 de marzo de 2015
El prestigioso diario británico The Guardian publicó un artículo de fondo titulado “El conflicto de los tomates del Sahara Occidental saca a luz una ocupación olvidada” en el que aborda cómo “el control de Marruecos de la última colonia en África está en el centro de una campaña sobre los escollos jurídicos del etiquetado de productos saharauis y las exenciones fiscales que reciben” en el Reino Unido.
El interés mediático por este asunto se debe en gran medida al recurso de casación que presentó el bufete de abogados Leigh Day, que representa a la Western Sahara Campaign contra el Gobierno británico, especialmente contra el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA, por sus siglas en inglés), así como contra la Oficina británica de Recaudación y Aduanas (HMRC, por sus siglas en inglés), el pasado día 4 de marzo de 2015.
La WSC UK asegura que productos originarios del Sáhara Occidental se están importando al Reino Unido y tratados como marroquíes en el marco del Acuerdo UE-Marruecos. La WSC UK también afirma que puede que se hayan concedido licencias a pescadores británicos para faenar en los territorios del Sáhara Occidental en el marco del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos. Leigh Day ha asesorado a la WSC UK en que ambas actividades son ilegales.
The Guardian considera que es “el primero caso de su género, en el que el Gobierno británico se enfrenta a una demanda ante el Tribunal Superior por denuncias concernientes a producto que tiene su origen en el Sahara Occidental, a menudo denominada “la última colonia en África”, se benefician ilegalmente de tarifas preferenciales concedidas a Marruecos por la UE.”
El prestigioso diario británico compara esta campaña con otras similares señalando que “el etiquetado exacto de los productos de consumo se trata de una forma habitual de la lucha de los activistas palestinos de derechos humanos bajo la ocupación israelí y un destacado ejemplo del empoderamiento universal del ciudadano. Ahora, activistas por la liberación del Sahara Occidental tienen exigencias similares para intentar socavar el control de Marruecos al Territorio.”
The Guardian recoge también unas declaraciones de la Sra. Rosa Curling, del bufete de abogados Leigh Day, que representa a la Western Sáhara Campaign, quién puntualizó que “al pueblo del Sahara Occidental no solo se le está negando su derecho a la autodeterminación sino que sus recursos naturales están siendo saqueados por la ilegal ocupación de Marruecos.”
Y añade “el Gobierno del Reino Unido, y en particular DEFRA y HMRC, deben adoptar medidas inmediatas para garantizar de que no son cómplices en estas actuaciones”.
Cabría recordar, que el bufete de abogados Leigh Day, que representa a la Western Sahara Campaign, había amenazado con emprender acciones legales contra el Gobierno británico, especialmente contra el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA, por sus siglas en inglés), así como contra la Oficina británica de Recaudación y Aduanas (HMRC, por sus siglas en inglés) por importar ilegalmente productos procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, mediante acuerdos comerciales con Marruecos.
En cartas remitidas a ambos, DEFRA y HMRC, el pasado mes de diciembre, los abogados de la WSC indicaron que la soberanía marroquí no incluye el territorio del Sáhara Occidental ni lo adyacente a sus aguas territoriales. Por consiguiente, los bienes y productos elaborados en el Sáhara Occidental no deberían ser tratados como originarios de Marruecos a los efectos de tarifas preferenciales o cualquier otro beneficio conferido por el Acuerdo de Asociación. Las compañías británicas tampoco deberían explotar los recursos naturales de un territorio ocupado bajo un acuerdo del que la población [de ese territorio] ocupado no es parte. Hacerlo socavaría el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y reconocería como legal una situación que es ilegal con arreglo al derecho internacional.

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