Fuente: IAJUWS (Asociación Internacional de
Juristas por el Sáhara Occidental), 27 de febrero de 2020.
El Martes 25 de febrero de 2020 a las 20:15
horas, las fuerzas marroquíes han prohibido la entrada a la ciudad de El Aaiún,
capital de El Sahara Occidental, a la abogada española Ana Sebastián Gascón,
quien en representación del Consejo General de la Abogacía Española iba a
asistir como Jurista Observadora al juicio contra el activista saharaui JATRI
FARACHI DADDA, detenido el 25 de diciembre de 2019 en la ciudad de Smara por su
participación en una manifestación pacífica en pro de la autodeterminación del Sahara
Occidental, fue trasladado tres días después de su detención, a la Cárcel Negra
en El Aaiún donde se encuentra a la espera de juicio, que se celebrará el
Miércoles 26 de febrero, en el Tribunal Penal marroquí en El Aaiún
La letrada española fue abordada a su
llegada al aeropuerto de El Aaiún, a pie de escalera del avión, por más de 6
agentes marroquíes sin uniformar, quienes sin explicación alguna la condujeron
a la terminal de pasajeros separándola del resto del pasaje, y una vez allí le
pidieron su documentación consistente en pasaporte y acreditación oficial del
Consejo General de la Abogacía Española para su asistencia al juicio y labor de
Observación Jurídica en el Territorio del Sáhara.
Los agentes retiraron la documentación a la
abogada, y veinte minutos después le dicen que está expulsada del territorio,
ordenándole salir del mismo, negándose de forma violenta a darle explicación ni
documento alguno, conduciéndola hacia el avión que la llevaría a Casablanca
desde donde había llegado.
La labor de Observación Jurídica en el
Sahara Occidental, y en los Juicios contra los activistas y defensores humanos
saharauis se viene desarrollando por el Consejo General de la Abogacía Española
desde el año 2002, y esta acción de las fuerzas militares y policiales
marroquíes constituye una vulneración de la legalidad internacional que asiste
al Territorio No Autónomos del Sahara Occidental, así como una merma del
derecho a la tutela judicial efectiva de los activistas saharauis, al ejercerse
por Marruecos de forma apartada de la legalidad una potestad que Naciones
Unidas no ha conferido a la potencia marroquí que ocupa el Territorio del
Sahara Occidental.
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