miércoles, 22 de enero de 2014

HRW: Mohamed VI no ha implementado los derechos humanos prometidos

En 2013, las autoridades marroquíes prometieron más avances en materia de derechos humanos de lo que realmente implementaron, señala Human Rights Watch en su Informe Mundial 2014.
Mohamed VI Marruecos Mohamed VI no ha implementado los derechos humanos prometidos. Los tribunales encarcelaron a disidentes después de juicios injustos, la policía recurrió a la fuerza excesiva para disolver manifestaciones pacíficas y, en el territorio disputado del Sáhara Occidental, las autoridades reprimieron a los defensores que claman por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
En los dos años y medio desde que Marruecos adoptó una nueva constitución, el gobierno no ha aprobado ninguna ley para dar fuerza legal a las fuertes protecciones a los derechos humanos de dicha constitución. El plan de 2009 del rey Mohamed VI para reformar el sistema judicial y reforzar su independencia ha producido hasta el momento sólo las recomendaciones de una alta comisión. Las penas de prisión por delitos de expresión permanecen en el Código de la Prensa, a pesar de la promesa que emitiera el ministro de Comunicaciones, hace dos años, de que trataría de eliminarlas y un proyecto de ley presentado en 2006 que, por primera vez, protegería a los trabajadores domésticos, aún no ha sido adoptado.
“De cara a los derechos humanos, Marruecos es como una gran obra de construcción donde las autoridades anuncian grandes proyectos con mucha fanfarria, pero luego se estancan para terminar los cimientos”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
En las 667 páginas del Informe Mundial 2014, en su 24ª edición, Human Rights Watch revisa las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. Si bien la matanza generalizada de civiles en Siria provocó el horror, fueron pocos los líderes mundiales que emprendieron medidas para detenerla. Sin embargo, una revigorizada doctrina de la “responsabilidad de proteger” parece haber evitado algunas atrocidades masivas en África. A su vez, las mayorías en el poder en Egipto y otros países reprimieron la disidencia y los derechos de las minorías. Y las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos tuvieron repercusiones en todo el mundo.
Cabe señalar que los marroquíes y su vibrante sociedad civil disfrutaron en 2013 de cierta libertad para criticar y protestar contra las políticas del gobierno, sin embargo, siempre y cuando la crítica evitara los temas sensibles para la monarquía en general, el rey y la familia real en concreto, el Islam y la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Las autoridades cooperaron con expertos en derechos humanos de la ONU que visitaron el país y el Sáhara Occidental, pero rechazaron una propuesta de EE.UU. que buscaba ampliar el mandato de la operación de mantenimiento de paz de la ONU en ese territorio para que se incluyera la observación de los derechos humanos.
Los tribunales marroquíes condenaron a personas ​​en casos políticamente sensibles únicamente sobre la base de sus confesiones, sin investigar las denuncias de que la policía extrajo dichas confesiones mediante la tortura y los malos tratos. El Tribunal Militar de Rabat condenó en febrero a 25 saharauis a penas de prisión, en su mayoría de 20 años a cadena perpetua, por su presunta participación en los violentos enfrentamientos en el campamento de manifestantes Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, dos años antes. Los enfrentamientos costaron la vida de 11 miembros de las fuerzas de seguridad.
El rey Mohammed VI debería mantener las promesas que hizo en 2013 para acabar con los juicios militares de civiles y reformar el sistema de revisión de las solicitudes de asilo. Las autoridades también deberían asegurarse de que se aprueben leyes para otorgar peso legal a los derechos constitucionales. Esto incluye el artículo 133 de la Constitución, que concede el derecho a cualquier persona que comparezca ante un tribunal marroquí a impugnar la constitucionalidad de las leyes que los funcionarios están aplicando en su caso.

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